Un juez podrá decidir en cuatro días si cierra un sitio web como medida cautelar. El Gobierno ha optado, a última hora, por introducir modificaciones sustanciales en el procedimiento de bloqueo de páginas de descargas de archivos sujetos a derechos de autor, como películas, canciones o videojuegos. La medida más novedosa es la rapidez y agilidad con que se dotará a un juez de la potestad de decidir el cierre de una web denunciada en el plazo más breve posible. Además, el procedimiento no tendrá un mero rango de reglamento, sino que se elaborará una ley para perseguir a los sitios de Internet que se lucren económicamente por el intercambio ilegal de archivos.
Al entrar en colisión dos derechos fundamentales (los de libertad de expresión e información y de propiedad intelectual) y ante la dificultad de ubicar en qué lugar del territorio se encuentran las páginas web susceptibles de ser denunciadas, la potestad de decidir su cierre cautelar o no recaerá en los titulares de los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Así lo anunció ayer, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular del departamento de Justicia, Francisco Caamaño, quien precisó que el Gobierno ha optado por aprobar un proyecto de ley complementario al de la Ley de Economía Sostenible (LES) para abordar este controvertido asunto.
De esta forma, el Gabinete ha dado luz verde a la disposición final de la LES y aprobado el procedimiento mixto administrativo-judicial que posibilitará bloquear páginas web que permitan descargas ilegales de archivos mediante una denuncia previa ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, una entidad que depende del Ministerio de Cultura y está integrada por expertos en protección intelectual e Internet y ex magistrados.
Así, en una primera fase, la mencionada comisión podrá recibir quejas de los ciudadanos o entidades -una productora cinematográfica, una discográfica o el mismo autor de una canción- e investigar si se producen «actos lesivos» contra la propiedad intelectual en el entorno digital. Acto seguido, la comisión decidirá en cada caso si está infringiendo este derecho y lo notificará, en su caso, al responsable de cada sitio web. Si la infracción persiste, la comisión solicitará al juez de la Audiencia Nacional el bloqueo o cierre de manera cautelar.
En este momento procesal, será el magistrado quien convocará a las partes y resolverá por auto, en un plazo máximo de cuatro días, la medida procedente acerca de si se puede adoptar o no el cierre de acceso a la página denunciada, precisó Caamaño.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, resaltó que el Ejecutivo ha optado por introducir algunas modificaciones para establecer un «procedimiento judicializado». «El Gobierno ha trabajado siempre con el espíritu de armonizar derechos e intereses vinculados a la Red y a la propiedad intelectual, y especialmente en el terreno de la creación audiovisual, sin vacíos legales», dijo.
Al entrar en colisión dos derechos fundamentales (los de libertad de expresión e información y de propiedad intelectual) y ante la dificultad de ubicar en qué lugar del territorio se encuentran las páginas web susceptibles de ser denunciadas, la potestad de decidir su cierre cautelar o no recaerá en los titulares de los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Así lo anunció ayer, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular del departamento de Justicia, Francisco Caamaño, quien precisó que el Gobierno ha optado por aprobar un proyecto de ley complementario al de la Ley de Economía Sostenible (LES) para abordar este controvertido asunto.
De esta forma, el Gabinete ha dado luz verde a la disposición final de la LES y aprobado el procedimiento mixto administrativo-judicial que posibilitará bloquear páginas web que permitan descargas ilegales de archivos mediante una denuncia previa ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, una entidad que depende del Ministerio de Cultura y está integrada por expertos en protección intelectual e Internet y ex magistrados.
Así, en una primera fase, la mencionada comisión podrá recibir quejas de los ciudadanos o entidades -una productora cinematográfica, una discográfica o el mismo autor de una canción- e investigar si se producen «actos lesivos» contra la propiedad intelectual en el entorno digital. Acto seguido, la comisión decidirá en cada caso si está infringiendo este derecho y lo notificará, en su caso, al responsable de cada sitio web. Si la infracción persiste, la comisión solicitará al juez de la Audiencia Nacional el bloqueo o cierre de manera cautelar.
En este momento procesal, será el magistrado quien convocará a las partes y resolverá por auto, en un plazo máximo de cuatro días, la medida procedente acerca de si se puede adoptar o no el cierre de acceso a la página denunciada, precisó Caamaño.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, resaltó que el Ejecutivo ha optado por introducir algunas modificaciones para establecer un «procedimiento judicializado». «El Gobierno ha trabajado siempre con el espíritu de armonizar derechos e intereses vinculados a la Red y a la propiedad intelectual, y especialmente en el terreno de la creación audiovisual, sin vacíos legales», dijo.